¿Qué es el Plan de transparencia judicial?

El objetivo general de transparencia de los órganos judiciales está proclamado en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Se trata de atender a los principios de transparencia, información y atención adecuada de los usuarios de la Justicia.

El objetivo general de transparencia de los órganos judiciales está proclamado en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Se trata de atender a los principios de transparencia, información y atención adecuada de los usuarios de la Justicia. Hay que desterrar la opacidad informativa que dificulta el seguimiento de la actividad jurisdiccional. Hay que proteger a los ciudadanos de una justicia sustraída al control y conocimiento públicos y mantener la confianza de la sociedad en los tribunales.

Con esta finalidad, la Ley 15/2003, de 26 de mayo, define el Plan de Transparencia Judicial como el instrumento a través del cual, las Cortes Generales, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y los propios ciudadanos puedan tener a su disposición una herramienta de información continua, rigurosa y contrastada acerca de la actividad y la carga de trabajo de todos los órganos jurisdiccionales del Estado.

Lo que se pretende es lograr una justicia transparente, comprensible, atenta con el ciudadano, responsable ante él, ágil y tecnológicamente avanzada, además de protectora de los más débiles Sus objetivos concretos son:

  • Tener un conocimiento riguroso sobre la duración real de los procedimientos judiciales para ver las disfunciones que provocan los retrasos. Así, las distintas administraciones responsables tendrán elementos de juicio para acometer las reformas precisas.
  • Conocer el volumen de trabajo de cada órgano judicial para poder hacer una mejor planificación presupuestaria de las inversiones necesarias.
  • Publicar en tiempo real los resultados de los litigios (sentencias), así como de las ejecuciones, lo que es un medidor determinante de la eficacia de la Justicia.
  • Conocer la calidad del desempeño de cada interviniente en la Administración de Justicia, a través de instrumentos de control, como las estadísticas y las encuestas.

El Plan de Transparencia está encaminado a facilitar la máxima y mejor información:

  • El ciudadano debe tener información general y actualizada sobre el funcionamiento de juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos de los distintos procedimientos judiciales. Esto se hará a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano, que se implantarán en todo el territorio nacional, así como también por medios telemáticos de fácil acceso para los interesados.
  • Toda la información sobre el estado de asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos judiciales se canalizará por el Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias en la materia y, también, por el CGPJ.
  • El ciudadano podrá tener un acceso actualizado a las leyes españolas y normativa europea mediante un sistema electrónico de datos fácilmente accesible. Se asegura también el acceso a los procedimientos, registros, archivos y libros no reservados.
  • La justicia debe ser comprensible para el ciudadano, con un catálogo de derechos sobre notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos. Se determinará el lenguaje que se debe utilizar en las vistas y comparecencias. Este tiene que ser claro, para facilitar que las sentencias y resoluciones sean inteligibles para todo el mundo. Además se dispondrán formularios para que el ciudadano ejercite sus derechos ante los tribunales cuando no sea precisa la intervención de abogado y procurador.